Por sus derechos.

DERECHO LABORAL

CLASIFICACIÓN DEL DERECHO

DERECHO PRIVADO – PÚBLICO – SUSTANTIVO

Han sido los civilistas,  primordialmente,  los defensores de esta tesis.  Impregnados por los principios generales del derecho romano y cortos de vista respecto a los fenómenos sociales,  siguieron fieles a la rigidez monolítica de sus instituciones jurídicas,  sin atender a los nuevos factores surgidos como consecuencia necesaria de la evolución social.

 

Por tal motivo,  al escudriñar la naturaleza de las nuevas disposiciones reguladoras de la relación de trabajo,  las catalogaron como un apéndice del derecho civil.  Continuaron viendo en ellas una supervivencia de las viejas y clásicas instituciones creadas por los juristas romanos,  a saber:  la locatio conductio operis y la locatio conductio operarum,  y nada más.  No se percataron del progreso en las relaciones sociales y de la consiguiente necesidad de replantear con una mentalidad nueva las categorías jurídicas surgidas de esa nueva realidad y acordes con ella.

 

Luis A. Riva Sanseverino,  por ejemplo, dice que “el derecho del trabajo es derecho privado porque sus normas no tienen por sujeto al Estado y a los demás entes públicos,  sino a los ciudadanos que tienen intereses privados,  como son los dadores y tomadores de trabajo,  y porque el fin de estas normas se refiere precisamente a la actividad de los ciudadanos en su voluntaria calidad de productores celebrando en forma autónoma o subordinada un determinado proceso productivo”.

 

Como puede observarse,  conceptos de esta naturaleza se hallan lejos de parecerse a la realidad que ofrece hoy el derecho laboral.  Por una parte,  no es cierto que el Estado no tenga interés en la reglamentación de las relaciones de trabajo.  Si el derecho laboral surgió como un medio para reglamentar la prestación de servicios y como recurso para solucionar los conflictos de orden laboral que se presentaran entre empleadores y obreros,  esto es,  para mantener la paz social,  resulta ilógico pensar,  en consecuencia,  que el Estado no tenga nada que ver con la reglamentación de dichas relaciones.  Por otra parte,  tampoco es cierto que el Estado y las demás entidades de derecho público no sean sujetos del derecho laboral.  Al menos en nuestro medio sí lo son.

 

De todas maneras,  destacamos entre los más brillantes expositores de esta tesis a los franceses Georges Ripert, Paul Durand y R. Jaussaud.  Y a los italianos Luis A. Riva Sanseverino y Luigi De Litala,  entre otros.

 

Ese criterio individualista y liberal primó durante toda la época anterior a la primera guerra mundial.  A partir de entonces,  y más concretamente,  a raíz de la expedición de las Constituciones de México en 1917 y de Weimar en 1919,  tuvo expresión un movimiento universal encaminado a revisar las viejas tesis civilistas y a darle campo a los nuevos principios que han terminado por informar y guiar a los pueblos que posteriormente se han ocupado en legislar en la materia.

 

En particular,  la Constitución mexicana tiene el mérito de haber sido la primera en el mundo en establecer y elevar a la categoría de constitucionales los temas fundamentales del derecho laboral.  La de Weimar,  si bien tuvo la desgracia de naufragar en mala hora,  le cabe el honor de haber mostrado a los demás pueblos el progreso logrado hasta entonces en la formulación de los principios básicos del nuevo derecho y de haber iniciado una nueva etapa en la concepción de la naturaleza de sus normas.

 

Ahora bien: desde un punto de vista estrictamente jurídico,  podría preguntarse qué criterios han tenido en cuenta los autores para determinar la calidad de pública o privada de determinada rama del derecho,  y concretamente,  la del derecho laboral.  Tratemos de precisarlos.

 

Las normas de carácter jurídico que regulan determinada actividad,  determinada conducta o determinada calidad del hombre constituyen el derecho sustantivo o material.  Las que regulan la actividad laboral del hombre en nuestro medio se hallan consignadas en el Código Sustantivo del Trabajo.  Dicho código se divide en tres partes,  cada una de las cuales regula una faceta distinta del fenómeno laboral esas partes son:

 

El titulo preliminar,  consagra una serie de normas de carácter general que sirven de introducción al resto de la materia.  En él se hallan consagrados los principios fundamentales en que se inspira el derecho laboral colombiano.

 

La parte primera regula las relaciones laborales de carácter individual.  Comprende el contrato de trabajo,  derechos y obligaciones de las partes,  jornada de trabajo,  vacaciones,  salarios,  seguridad social,  etc.

 

La parte segunda,  a su vez,  regula las relaciones laborales de carácter colectivo.  Regula,  pues,  el derecho de asociación,  la fundación y supresión de asociaciones profesionales,  el derecho de huelga,  la convención colectiva de trabajo,  el pacto colectivo,  el contrato sindical,  etc.

 

La parte tercera,  finalmente,  hace relación a las autoridades que ejercen la vigilancia y el control del cumplimiento de las disposiciones o normas del código.

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